El texto huye de utilizar el término denunciante y lo sustituye por "informante".
El
debate sobre el tiempo de trabajo no es nuevo de esta legislatura ni mucho
menos. La primera ministra de Trabajo de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, ya
sacó adelante la polémica ley que obligó a todas las empresas a registrar
diariamente el horario de sus trabajadores para poder controlar la realización
de horas extras, y su sucesora y actual vicepresidenta segunda del Ejecutivo,
Yolanda Díaz inició la elaboración de una ley de usos del tiempo, a la vez que
el Gobierno aprobaba también en la legislatura pasada un proyecto piloto sobre
la semana de cuatro días. Junto a ello, la propia Díaz ha llevado a gala el
refuerzo del brazo sancionador del mercado laboral: la Inspección de Trabajo,
que durante la pasada legislatura intensificó su actividad en varios frentes.
Uno de ellos fue el tiempo de trabajo y las horas extras, donde el pasado año
volvieron a aumentar las actuaciones de estos inspectores y las sanciones
impuestas a las empresas incumplidoras.
En
concreto, la Inspección de Trabajo –que depende de Yolanda Díaz– incrementó el
pasado año su número de actuaciones en materia de tiempo de trabajo y horas
extraordinarias casi un 9% respecto a 2022, superando las 35.500 intervenciones
en 2023, según las cifras provisionales a las que ha accedido este periódico.
No obstante, la utilización de la inteligencia artificial y, en concreto, el
denominado algoritmo MAX, entre otras cosas, ha servido para optimizar dichas
actuaciones, y concentrar las acciones inspectoras en empresas donde ya
previamente se sospecha el abuso horario, explican fuentes de Trabajo.
Esto ha
permitido incrementar sustancialmente las
infracciones detectadas, que se dispararon el pasado ejercicio un 45% hasta
sumar 14.292. Los inspectores impusieron sanciones por estas faltas por valor
de algo más de 15 millones de euros a las empresas infractoras, a las que
también extendieron 9.226 requerimientos, casi un 12% más que el año anterior.
También ha aumentado sustancialmente, un 31%, el número de trabajadores
afectados por incumplimientos en materia de tiempo de trabajo y horas extras,
pasando de 112.884 en 2022 a 147.861 en 2023.
Así,
aunque el debate y el foco del Gobierno en el tiempo de trabajo viene de lejos,
no ha sido hasta ahora que sindicatos y empresarios se han puesto manos a la
obra para intentar negociar cómo recortar la jornada laboral máxima de 40 horas
semanales a 38,5 horas en este 2024 y a 37,5 horas el próximo año, tal y como
pactaron el PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno de coalición. Esta
negociación, seguida de cerca por el Ministerio de Trabajo, abordará no solo el
recorte de la jornada sino otras cuestiones relacionadas con el tiempo de
trabajo, que serán clave, para allanar un posible acuerdo, según coinciden
todos los negociadores.
Precisamente,
entre estos asuntos que patronal y sindicatos han puesto encima de la mesa está
el de la regulación de las horas extraordinarias. En España a la jornada
ordinaria –40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual–
pueden sumarse horas
extraordinarias siempre no superen un máximo de 80 al año. Si bien no computan
para alcanzar este límite las horas extras que se compensan por tiempo de
trabajo en lugar de retribuirse con dinero. El Estatuto de los Trabajadores
estipula que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato
individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que
se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o
compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido”. En el último
trimestre de 2023 se realizaron 6,34 millones de horas extras a la semana, de
las cuales el 39% no se pagaron, según la encuesta de población activa (EPA).
El pago
de estas horas extras podría ser una de las cuestiones que se han incluido en
las negociaciones sobre el recorte de jornada, según indicaron los
representantes sindicales tras el último encuentro tripartito que tuvieron con
el Ministerio de Trabajo Y, en concreto, la posibilidad de que se paguen más
–como aconseja la Carta Social Europea– sería una de las opciones que
defenderán los sindicatos. Esta demanda ya ha sido lanzada antes de empezar a
negociarse el recorte de jornada por parte del sindicato UGT, que en enero
pasado presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales
para que las horas extras se retribuyan un 25% más que las ordinarias, ya que
la ley actual solo prevé que se paguen como mínimo igual que estas últimas.
Se trataría de emular lo que ya existe en otros países europeos ya que, según los datos recopilados por esta central, un buen número de Estados de la UE llegan a pagar las horas extras hasta un 50% más que las ordinarias.
Fuente:
Cinco Días
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